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Artículo publicado en el diario Sur de Málaga el 20 de enero de 2015

Es obvio, que en principio no se puede cuestionar el hecho, de que a nivel de Estado se haya planteado la necesidad de adecuar la normativa española a las directivas europeas para la preservación de los cauces públicos, ni que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, haya puesto en marcha la aplicación de esta normativa a todo el territorio andaluz. Pero, lo que nos parece bastante cuestionable, es la forma en que este desarrollo normativo lo está llevando a cabo esta Consejería, sobre todo en los casos, en los que de forma discutible, se ponen en cuestión proyectos y obras realizadas recientemente, hace unos diez años, por la Administración correspondiente, con importantes inversiones públicas y con todas las garantías técnicas y jurídicas exigibles en ese momento, como es el caso del Encauzamiento del tramo final del Río Guadalhorce, en el término municipal de Málaga.

Estas obras se ejecutaron, como consecuencia de las graves inundaciones habidas en Málaga en 1989, con la intención de preservar a esta ciudad de otras posibles inundaciones, lo que se hizo con diligencia y responsabilidad, aportando la exigible seguridad y tranquilidad a la ciudadanía malagueña. El tiempo transcurrido, aunque breve, ha avalado la solución adoptada, pues desde entonces no ha habido problema alguno de esta naturaleza, a pesar de que se han producido lluvias importantes, razón por la que no se entiende que se pongan ahora estas obras en cuestión, lo que se nos ha dado a conocer a través de la información pública de los mapas de riesgo de inundabilidad de este tramo del Río Guadalhorce, que ha creado una enorme sorpresa y gran alarma social, pues los malagueños, en general, no dan crédito a la publicación de esta información.

En relación a estos mapas, debe de tenerse en cuenta, que los cálculos hidrológicos e hidráulicos de cualquier río, que pueda realizar una determinada ingeniería para diseñar los correspondiente mapas de riesgo de inundabilidad, están apoyados en hipótesis teóricas, articuladas a través de programas más o menos sofisticados, que determinan caudales hidráulicos supuestos para un período de retorno de 500 años, cuyos resultados son consecuencia de las hipótesis de cálculo introducidas. De esta forma, se obtienen unos resultados, que en todo caso son teóricos y discutibles, pues son hipotéticos y de difícil o imposible constatación. En todo caso, la información publicada debería haber sido más transparente, dando a conocer las hipótesis de cálculo y las soluciones técnicas correctoras, con las que se puedan resolver los problemas derivados de los resultados teóricos obtenidos.

En este sentido, hemos de tener claro, que no estamos ante un problema nuevo, jamás abordado, sino más bien todo lo contrario, pues este problema es tan antiguo como la historia de la humanidad, que en cada momento ha dado respuesta con los medios técnicos y tecnológicos disponibles, como sucedió en ciudades como Londres, París o Sevilla, e incluso Málaga, que en su día, eran espacios parcial o totalmente inundables, lo que fue resuelto por sus responsables técnicos y políticos, dando respuesta en todos los casos de forma suficiente. Ahora el problema de la inundabilidad va más allá del espacio urbano y se extiende al espacio urbanizado.

Pero así, a los problemas creados por la publicación de los mapas de inundabilidad, añadimos, que esta misma Consejería de Medio Ambiente hace unos dos años, aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga, por lo que observamos que la explicación de nuestros gobernantes por la situación creada resulta ser aún más difícil, lo que nos lleva a exigir a los administrados, que alguien en esta Administración ponga orden al caos administrativo creado, pues no es admisible, que los ciudadanos tengamos que ser víctimas del conjunto de actuaciones descoordinadas de la Administración, que estamos padeciendo, pues producen costes innecesarios, que deben ser corregidos.

Por todo ello, ante la alarma social provocada por esta publicación y las posteriores informaciones aparecidas, sobre los mapas de riesgo de inundabilidad antes indicados, pensamos, que ha habido una cierta falta de oportunidad en su publicación, pues en el momento económico que estamos padeciendo, lleva a muchos ciudadanos de Málaga a pensar, que estamos ante un nuevo despropósito de nuestros funcionarios y políticos, que tiene un gran coste social, por la inseguridad jurídica que, sin lugar a dudas produce, alejando de esta ciudad cualquier persona o empresa, que haya tenido el pensamiento de iniciar cualquier actividad productiva en el ámbito territorial de estos mapas, pues la falta de coherencia de la Administración correspondiente, conduce al emprendedor a asumir riesgos incontrolados e incontrolables en su inversión.

Sea como sea, yo creo, que estas actuaciones, realizadas fuera del ámbito de los períodos de redacción de los instrumentos de planeamientos territoriales y generales, producen una enorme inseguridad personal y una desproporcionada inseguridad jurídica, que nos lleva a pedirle a nuestros gobernantes, que estos asuntos sean tratados con la mayor prudencia posible y buscando siempre solución a los problemas.

Por Ángel Asenjo