Noticias

Artículo publicado en el diario Sur de Málaga el 23 de junio de 2013.

Es obvio, que la Arquitectura la deben hacer los Arquitectos, pues son los que han estudiado Arquitectura. Lo mismo podríamos decir sobre la Medicina, la Abogacía, la Ingeniería o cualquier otra disciplina. Esto es lo normal. El conflicto surge, cuando nuestros políticos plantean entre otras situaciones, que los Ingenieros puedan hacer la Arquitectura, o que los Arquitectos puedan hacer la Ingeniería. Esto puede generar un enorme caos, que realmente puede llegar a constituir una auténtica estafa social.

Esta reflexión la hacemos ante el panorama, que nos presenta el borrador de la Ley de Servicios Profesionales que propugna el actual Gobierno que, desde la ignorancia, la incompetencia o la improvisación o lo que es peor, desde la golfería general que está caracterizando a la clase política de nuestro país, está planteando un conflicto social, que atenta a los principios de la cultura y contra los derechos de los profesionales, que normalmente dedican su vida a desarrollar una determinada actividad, profundizando y perfeccionando el conocimiento de la misma, procurando en todo caso realizar los trabajos con la mayor profesionalidad posible de una determinada materia y contribuyendo de esta forma a la mejora de la sociedad. Estos objetivos parece ser que no tienen valor alguno, o poco valor, para nuestros políticos, que en la sociedad sin valores, hacia la que nos están conduciendo, no tiene importancia consolidar un desastre más, con los que se están convirtiendo en una auténtica lacra social, que los ciudadanos normales no nos merecemos.

La Arquitectura que, a través de la historia ha realizado una importante función social y cultural, es evidente que no la pueden realizar quienes no tienen preparación para ello, pues una obra de arquitectura es trascendente, es una parte de la ciudad, lo que va más allá de las personas responsables de su ideación, construcción o promoción, pues su resultado es determinante para la ciudad. Razones, por la que es obligación del legislador que sea realizada por profesionales con formación suficiente, para asumir las responsabilidades que comporta el hecho, de que toda obra de arquitectura pasa a ser parte de la ciudad y consiguientemente del patrimonio edificado del país. Excepcionalmente la obra de arquitectura llega a ser una obra de arte.

En todo caso, la arquitectura requiere una especialización, pues afecta a la calidad de vida de las personas en todos los sentidos, y esto es mucho más que una simple toma de decisiones sobre la seguridad y estabilidad de la edificación, o sobre la calidad de sus acabados e instalaciones, para lo que no basta con ser conocedor de la construcción o de los sistemas constructivos, que son aspectos complementarios de la arquitectura, que necesariamente tienen que ser parte de los conocimientos del arquitecto, que debe interiorizarlos y supeditarlos a la función principal de la arquitectura, que es la búsqueda de respuestas a las necesidades de las personas, que puedan ser los usuarios de los espacios arquitectónicos. Todos los conocimientos obligan al arquitecto a poseer una formación transversal de los distintos conocimientos y técnicas que concurren en la edificación, con independencia de un profundo entendimiento cultural de la arquitectura, que es lo que permite al arquitecto garantizar el buen funcionamiento de cualquier edificación y coordinar los trabajos para su desarrollo con otros profesionales especialistas en aspectos diversos de la edificación.

Alguien podría decir, que si tan importante y decisiva es la función del arquitecto, este no debería estar preocupado por el indicado borrador de la Ley de Servicios Profesionales, pues su trabajo finalmente será valorado por la sociedad y no habrá problemas. Pero esto no puede ser así, pues la sociedad sin valores, en la que estamos inmersos, puede destruir cualquier cosa, aunque haya costado siglos su conformación. Actualmente, cuando el promotor público o privado no se identifica con la obra arquitectónica, la intervención del arquitecto es la única garantía para los usuarios finales de la edificación y para la sociedad en general, pues es quien tiene la formación necesaria para pensar no solo en la seguridad de los edificios, sino también en la calidad de vida de las personas y en su entorno, aunque algunos hayan hecho dejación del necesario compromiso ético y social, a que están obligados.

Es posible, que en estos años pasados hubiera sido aconsejable introducir algunas medidas correctoras en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo para evitar algunos de los desmanes producidos, pero esto no era fácil, ni para los políticos, insensibles a todo, ni para la sociedad inmersa en el espejismo creado por la golfería bancaria, que en connivencia de los políticos, hizo perder a la sociedad el sentido crítico hacia la situación creada. Pero hoy, cuando la realización de edificaciones es escasa y nuestras universidades han producido una gran cantidad de arquitectos, parece absolutamente innecesario legislar para fomentar la competencia, pues las circunstancias actuales la están produciendo de hecho.

Por todo ello, nos parece rechazable la Ley de Colegios y Servicios Profesionales, que corre el riesgo de ser aprobada, pues es una improvisación, que no está impuesta por Europa, que contrariamente se puede quedar sorprendida por nuestra incultura, por identificar la arquitectura con la  construcción y no saber discernir entre cual es el fin de la arquitectura y los medios para alcanzarla. Esta Ley, en caso de ser aprobada, solo producirá un debilitamiento de las garantías que el arquitecto ofrece a la sociedad, sin otro efecto económico, que el generado por los pleitos, que se puedan interponer para determinar la capacitación cultural y técnica de los profesionales para que puedan proyectar una determinada obra de arquitectura.

En definitiva, podemos afirmar que esta Ley de Servicios Profesionales, es un despropósito político, que como otros tantos, nos están llevando a una situación insostenible desde el punto de vista social y económico, de la que solo saldremos con políticas inteligentes, que tendrán que hacer otros políticos, que sepan lo que hacen, y que nos ayuden a generar la esperanza que necesitamos para afrontar de otra forma el futuro.

Por Ángel Asenjo